Detalle

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha revocado una sentencia previa que había denegado el reconocimiento de una pensión de viudedad. Inicialmente, el Juzgado de lo Social nº1 de Murcia había rechazado la demanda presentada por una viuda, argumentando que el fallecido no se encontraba en situación de alta o asimilada al alta en el momento de su deceso, además de no cumplir con el período mínimo de cotización requerido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Desestimación en primera instancia

La parte demandante interpuso un recurso de suplicación, solicitando la revisión de ciertos hechos probados en la sentencia original. Entre los aspectos cuestionados, se destacó que el trabajador había solicitado una excedencia voluntaria-forzosa con reserva del puesto de trabajo, y que su baja en la Seguridad Social correspondía a esta modalidad, la cual, según el convenio colectivo aplicable, no implicaba la reserva del puesto de trabajo. Además, se señaló que el fallecimiento ocurrió apenas ocho días antes de la posible reincorporación laboral, tras un breve período de excedencia.

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia consideró la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, que favorece una interpretación flexibilizadora de las situaciones asimiladas al alta. Este enfoque busca evitar la desprotección de las familias en circunstancias excepcionales, valorando individualmente cada caso para determinar si realmente existe una intención de abandonar el mercado laboral.

Concedida la pensión de viudedad a una mujer cuyo esposo falleció en excedencia

En este caso, el tribunal concluyó que no había evidencia de que el trabajador hubiera abandonado definitivamente su empleo. La corta duración de la excedencia y el inminente retorno al puesto laboral respaldaron la decisión de reconocer una situación asimilada al alta, permitiendo así el acceso a la pensión de viudedad solicitada.

Con esta resolución, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia refuerza la interpretación humanizadora de las normativas de seguridad social, garantizando una protección más efectiva para las familias afectadas por fallecimientos en contextos laborales complejos.