Prueba indiciaria: el Supremo confirma una condena por asesinato
La doctrina del Supremo sobre la prueba indiciaria en un caso de asesinato
El Tribunal Supremo ha fijado doctrina sobre la prueba indiciaria al confirmar una condena por asesinato. En el caso no existió ningún testigo directo del hecho.
Los requisitos de la prueba indiciaria
El Tribunal recuerda que los indicios deben estar plenamente acreditados. El delito debe deducirse precisamente de ellos.
Exige también que el órgano de instancia explicite el razonamiento que enlaza los indicios con la conclusión. Ese razonamiento debe ser acorde con la lógica y la experiencia común.
Precisa que la prueba indiciaria no es una modalidad probatoria de segunda categoría. En ocasiones, ofrece un grado de certeza superior al de varias pruebas directas.
Por qué el control de la prueba indiciaria debe ser global
La Sala explica que no cabe fragmentar el conjunto de indicios. Hay que valorar su fuerza de convicción conjunta y comprobar si existe una hipótesis alternativa plausible.
En este caso, varios elementos configuraron un cuadro indiciario sólido, no revisable en casación.
El caso: el asesinato de una residente con demencia
Una mujer de 98 años, residente en un centro de mayores de León, murió tras recibir una inyección de insulina que no necesitaba. Una auxiliar del centro fue condenada por su asesinato.
El Tribunal del Jurado le impuso veinte años de prisión. La apelación confirmó íntegramente esa calificación.
El recurso del Ministerio Fiscal
El Ministerio Fiscal recurrió pidiendo la prisión permanente revisable, por la especial vulnerabilidad de la víctima. El Tribunal Supremo estima este motivo.
La compatibilidad entre alevosía y agravación
El Tribunal Supremo mantiene el criterio fijado por el Pleno en 2022. Considera que la alevosía y la agravación del artículo 140.1.1ª del Código Penal son compatibles.
Fallo del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo desestima el recurso de la condenada. Considera suficiente la prueba indiciaria de cargo. Estima el recurso del Ministerio Fiscal y sustituye la pena por la prisión permanente revisable.